Monitoreo de privados de libertad recibe mejora tecnológica
• Sistema será más eficiente y ahorrará al país $3.000.000 al año
• Firma inglesa será el nuevo proveedor de tecnología
San José, XXXX del 2020. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), en atención a una solicitud de mejora tecnológica planteada por el Ministerio de Justicia y Paz, utilizará un nuevo dispositvo y software de monitoreo electrónico; modificación que implicará una plataforma más robusta para el seguimiento de privados de libertad y un ahorro millonario para el país.
Tras un estudio de mercado realizado por la ESPH al que fueron invitadas a participar 15 empresas nacionales y extranjeras, el Ministerio de Justicia y Paz avaló la propuesta tecnológica de la firma inglesa Buddi, compañía con amplia experiencia en países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, Holanda, Australia y Malasia. Dicha solución tecnológica ha sido implementada en más de 10.000 personas monitoreadas; utilizando de manera integrada tanto el dispositivo electrónico como el software de monitoreo.
La Viceministra de Justicia y Paz, Viviana Boza, destacó que el cambio no implicará costo alguno para el país. Por el contrario, significará un ahorro anual de más de $3.000.000. “Nosotros identificamos espacios de mejora y así se lo hicimos saber a la ESPH. Estamos conformes con lo que la empresa nos ha ofrecido porque responde a las mejoras que les hemos solicitado. Además, nos permite hacer un uso eficiente de los recursos, al tiempo que nos aseguramos contar con una tecnología funcional conforme a las necesidades del proyecto”.
El Ministerio, amparado en una cláusula contractual que indica: “con la finalidad de considerar los cambios que por condiciones de evolución tecnológica sean requeridos, cuando existan razones para ello, así como cualquier mejora técnica que permita mejorar los servicios, se entiende que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia podrá modificar las características de los servicios, para lo cual dará el aviso correspondiente y se negociará en conjunto los plazos razonables de ajuste e integración que se requiera”, demandó las mejoras a finales del año anterior.
La cartera ministerial pidió “un sistema que incorpore dispositivos 3G con probada experiencia operativa en otros países, dado que la evidencia internacional apunta a la modernización de los dispositivos, maximizando la posibilidad de comunicación continua. También, una serie de mejoras a fin de que el sistema sea estable, tenga flexibilidad y mayor adaptabilidad para el manejo y la extracción de la información”.
La firma inglesa Buddi cumplió con el 100% de los requerimientos del estudio de la ESPH. Entre otras cosas, demostró tener 15 años de operación consecutiva y activa en el mercado internacional y entre otras mejoras incluyó una nueva funcionalidad que permite gestionar, de una manera gráfica y más eficiente, todas las alertas generadas por el sistema, así como calificar el nivel de criticidad de los eventos con colores.
La construcción de reportes para las autoridades judiciales será más flexible y se integrarán al monitoreo otras tecnologías de comunicación de suma importancia: sistemas de radio frecuencia (RF, sistema que recomendó el consultor portugués Nuno Caiado), de posicionamiento global (GPS), posicionamiento por wi-fi y posicionamiento por triangulación de infraestructura celular (LBS)
La plataforma permite una mayor facilidad para generar reportes, se incrementa la autonomía de la batería del dispositivo hasta 72 horas y, además, se potencia el uso de la interacción con mapas y controles operativos.
Los cambios, que comenzarán a implementarse en marzo, incluyen cargadores a prueba de agua (60% de los dispositivos vandalizados se dañaron por el uso de líquidos) y tobilleras que funcionan con tecnología 3G (previstos para expandirse a 4G en el término de un año). La empresa ofreció un manejo de un stock de inventario permanente en el país de 500 dispositivos y 750 cargadores. En la elección también influyó el costo: $12,3 diarios por tobillera. El sistema actual le cuesta al país $17 diarios por persona.
"Este cambio tiene como primer objetivo la seguridad de los ciudadanos. Esta nueva tobillera incluye una plataforma ágil que facilitará a los funcionarios del Ministerio informar a los jueces con pruebas contundentes sobre el uso que dan los privados al dispositivo para que ellos determinen si deben o no seguir bajo esta modalidad de confianza", indicó Daniel Vargas, encargado de Desarrollo de Negocios de Ibux.
La compañía Buddi mencionó en su carta de presentación proyectos como el monitoreo en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (6.000 personas), la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios USPEC y la Unión Temporal Vigilancia electrónica UTVELEC de Colombia (5.000), el monitoreo de personas con fianzas migratorias del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos de América (5.000), el Sistema de Monitoreo Electrónico para la Policía Real de Malasia (2.545) y el Programa de Monitoreo de Trasgresores de Ley del Servicio Correccional de New South Wales de Australia (2.800).
Como acciones complementarias, el Ministerio trabaja con el Poder Judicial para que garantizar que el perfil de las personas que reciben el cambio de medidas sea el adecuado.